Concentracion ante Delegacion del Gobierno

    Tanto las leyes 5/2010, 1/2011, 5/2012 como los sucesivos Presupuestos Regionales de la CARM no han hecho sino deteriorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía murciana sin reducir el galopante déficit público, no achacable en ningún caso a los gastos en personal.

    23/11/2017.
    AHORA CONCENTRACION MURCIA

    AHORA CONCENTRACION MURCIA

    En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la destrucción de empleo público ha sido intensa, alrededor de 66.000 puestos de trabajo, tanto en la Administración Autonómica como en las administraciones locales, llegándose a una situación límite en cuanto a la sostenibilidad de determinados servicios públicos, algunos estratégicos como la Agricultura, sometiendo a tensiones irresponsables a los sectores sanitario, docente, servicios sociales y administrativos en general. Tanto las leyes 5/2010, 1/2011, 5/2012 como los sucesivos Presupuestos Regionales de la CARM no han hecho sino deteriorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía murciana sin reducir el galopante déficit público, no achacable en ningún caso a los gastos en personal.

    Durante todo este largo período no ha habido espacios que hayan permitido, a través del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación plena de derechos en el marco de la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, hasta el Acuerdo para para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo de 2017. Acuerdo que está siendo lento y desigual en su desarrollo, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y mesas sectoriales, y muy especialmente en la Administración Local por el secuestro de la negociación colectiva impuesto por las sucesivas Leyes de Presupuestos del Estado.

    No obstante, y partiendo de la base que se trata de un acuerdo de gran importancia que desde las organizaciones sindicales CCOO y UGT ponemos en valor, es nuestra pretensión ampliarlo y mejorarlo, ya que el empleo es y ha sido uno de los objetivos prioritarios en nuestras reivindicaciones.

    Dicho lo anterior, las organizaciones sindicales firmantes reclamamos al Gobierno que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para el 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos. También demandados que la legislación básica estatal que impide la negociación colectiva en la Administración Pública de la Región de Murcia y en las administraciones locales sea derogada y permita una mejora real de los servicios públicos, un crecimiento neto del empleo público y la recuperación de servicios públicos privatizados en este periodo aciago.

    En este sentido, ambos sindicatos entendemos que no puede ser un impedimento para ello la propia prórroga de los Presupuestos, puesto que existen antecedentes, En 1990 y 1996, por ejemplo, se introdujeron mejoras en las leyes de presupuestos, en materia salarial, de empleo u otras condiciones laborales.

    Por todo ello, desde este mismo manifiesto nos dirigimos al Gobierno para reabrir la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas y abordar, entre otras, las siguientes materias:

    Recuperación efectiva del derecho a la negociación colectiva, tanto en la Administración General del Estado como en las que tienen atribuidas las competencias las comunidades autónomas y la Administración Local, donde materias tan sensibles como jornadas, incapacidad temporal, salud laboral, igualdad, formación, acción social, etc., puedan ser recuperadas y mejoradas.

    Recuperación del empleo. Partiendo del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público antes mencionado, debe ampliarse y consolidarse, tanto en el desarrollo del proceso de estabilización, para reducir al menos al 8% la temporalidad en las Administraciones Públicas, como en la eliminación de la Tasa de Reposición que permita no sólo recuperar el empleo público perdido en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo.

    Según las propias estadísticas oficiales, en menos de una década podemos encontrarnos, en el conjunto de las Administraciones Públicas, con cerca de un millón de empleadas y empleados públicos menos, debido a la media de edad avanzada y la cercanía a la jubilación.

    Recuperación del poder adquisitivo. Las empleadas y empleados públicos deben verse reconocidos en el esfuerzo que se les ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y reducción del déficit público, como así ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno. Es por ello que exigimos el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que trabajan para el sector público, y que se inicie la senda progresiva de la recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.

    Recuperación de la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). A medio plazo, es preciso instar la modificación del actual EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015), para impulsar y consolidar las materias recogidas en los apartados anteriores, así como para desarrollar y recuperar cuestiones tan importantes como el derecho a la carrera profesional, la jubilación parcial, la movilidad interadministrativa, etc.

    La defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos es una prioridad en la acción sindical de UGT y CCOO, no sólo por el derecho que les asiste como trabajadoras y trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos, por cuanto supone para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en términos de igualdad y cohesión social, siendo las empleadas y empleados públicos los garantes de ello.

    Del mismo modo CCOO y UGT exigiremos una mejor dotación presupuestaria en capítulos imprescindibles como sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como un incremento mayor de las inversiones públicas para la mejora de la red viaria, ferrocarriles, sector áereo, puertos, telecomunicaciones, etc. Esto debe posibilitar una mayor y mejor vertebración en el territorio así como una correcta financiación para el conjunto de las Administraciones Públicas que permitan prestar los servicios públicos con la calidad que merece la ciudadanía, entendiendo así que esta es la única vía para consolidar la salida de la crisis, el crecimiento económico y la igualdad de condiciones para el conjunto de la ciudadanía.

    Documentación asociada
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